Venezuela abre diálogo con opositores e insiste en el fin del bloqueo
Esta mesa carga siete años de negociaciones y más de 600 llamados al diálogo. Enfrente se sientan quienes pidieron sanciones desde afuera, con el oro aún retenido en Londres y un país que se levanta del peor sismo desde 1812.
El jefe del Parlamento venezolano abre un ciclo de conversaciones con exdiputados del período 2015-2020. Venezuela vuelve a elegir la vía institucional. Foto: EFE
1 de agosto de 2026 Hora: 15:18
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La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela activó una hoja de trabajo conjunta con exlegisladores de la oposición del período 2015-2020, dirigida a ampliar el diálogo político institucional.
Dinorah Figuera encabeza la delegación opositora que conversa en Caracas y sostuvo encuentros recientes con Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. El primero de ellos, público, ocurrió días antes del doble terremoto del 24 de junio, que deja más de 5.500 muertos.
El acercamiento nació de los hechos del 3 de enero, cuando el secuestro del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar a Caracas dejó la conducción del país en manos de la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada.
Washington abrió desde esa fecha una vía de trabajo diplomático con el Gobierno en funciones, y de ahí nació la mesa que ahora se instala en territorio nacional. María Corina Machado, Juan Guaidó y otros cabecilla de aquella AN de 2015-2020, quedaron fuera del sector opositor que hoy conversa con el Gobierno.
Analistas sitúan la apertura de la mesa en un momento distinto, cuando ambas partes encuentran en el acuerdo más de lo que les ofrece el enfrentamiento.
Sanciones, oro y Citgo
La facción opositora que ahora envía representantes a Caracas pidió desde el exterior el endurecimiento de las sanciones económicas contra su propio país, una gestión que el Ejecutivo venezolano mantiene documentada pieza por pieza.
Ese mismo grupo respaldó la retención de las reservas de oro venezolanas en el Banco de Inglaterra y la maniobra legal y política montada desde 2018 para despojar a la nación de Citgo, su mayor activo internacional, operación que Caracas describe como el «robo de Citgo».
Saludos, Francisco.
— William Castillo Bollé (@planwac) July 30, 2026
Brillante, crudo y sincero recuento de lo que hemos llamado en el Observatorio Venezolano Antibloqueo “el robo del CITGLO”. Cómo se montó, aprovechando el parapeto del Interinato y el posterior reconocimiento a la llamada AN 2015, una operación para despojar… https://t.co/Ci9IRmLhD1
Las decisiones tomadas entonces restaron al Estado recursos que hoy resultan decisivos para levantar al país tras el doble terremoto.
Delcy Rodríguez presentó una solicitud formal para el cese de las sanciones y la liberación de los activos venezolanos retenidos en el extranjero, con el fin de atender la catástrofe humanitaria y material que dejó el sismo.
En carta dirigida a Carlos III, monarca del Reino Unido, la mandataria exigió la devolución de las 31 toneladas de lingotes bajo custodia del Banco de Inglaterra, valoradas en unos 2.000 millones de dólares.
«Ese oro es de nuestro pueblo y debe servir para atender las consecuencias terribles y trágicas de este doble terremoto», afirmó Rodríguez.
La presidenta encargada abordó además con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la liberación de los recursos venezolanos inmovilizados en ese organismo, entre ellos los Derechos Especiales de Giro.
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El Ejecutivo nacional llevará a las rondas de conversaciones una exigencia central, el levantamiento de las más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que golpean la economía venezolana.
El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, saludó la apertura de este proceso y la sujetó a una condición, que sirva al bienestar del país.
El funcionario advirtió que las conversaciones transcurren bajo las medidas coercitivas y frente a un sector opositor que sostiene una legitimidad vencida en 2020, cuando cerró aquel período parlamentario en desacato.
Castillo sostuvo que «un poder hegemónico sigue coercionando a Venezuela» y describió a la contraparte como emisarios sin más respaldo que una orden ejecutiva y unas licencias que reconocen esa legitimidad perdida. Aun así, confió en que la mesa produzca resultados y cargó sobre ella la responsabilidad de normalizar la vida política venezolana.
De Barbados a las licencias energéticas
El ciclo legislativo que ahora arranca forma parte de un proceso de negociación construido entre 2019 y 2026, etapa en la que el Estado venezolano colocó la soberanía como condición previa de cualquier acuerdo.
Los primeros contactos tuvieron sede en Barbados, con auspicio de Noruega, y giraron alrededor del rechazo al bloqueo económico aplicado contra la nación caribeña.
Ese camino derivó en los compromisos de Ciudad de México, en 2021 y 2022, con la defensa del interés nacional en cada punto de la agenda.
Aquellos entendimientos abrieron una coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que permitió liberar recursos retenidos y canalizarlos hacia áreas sociales esenciales.
La firma del Acuerdo de Barbados, en 2023, normó las elecciones presidenciales de 2024 con acompañamiento de la Unión Europea (UE).
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Entre 2025 y 2026, la diplomacia bolivariana priorizó los contactos directos con Estados Unidos (EE.UU.) para pactar licencias energéticas y resguardar la estabilidad interna. Jorge Rodríguez condujo esa fase desde la presidencia de la AN y articula hoy el encuentro con los exdiputados.
El analista político José Manuel Cintrón afirmó en la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que Venezuela conserva una democracia participativa gracias a la Revolución Bolivariana, un modelo que impulsa opciones de entendimiento sin pausa.
El especialista recordó que esa política de paz nació en 2002, cuando el presidente Hugo Chávez convocó al diálogo nacional con un crucifijo, gesto que antecedió las gestiones de República Dominicana y Panamá, junto a las mediaciones de Noruega y el Vaticano.
El presidente Nicolás Maduro prolongó esa línea con más de 600 llamados al diálogo a lo largo del proceso.
Cintrón sostuvo que la ciudadanía debe deponer diferencias para afianzar el acercamiento parlamentario en curso. El analista subrayó que la mesa con exmiembros de la legislatura 2015-2020 tiene la obligación de exigir justicia penal por el dinero público mal gestionado.
Para el experto, todo diálogo real necesita puntos de encuentro donde las partes cedan, aunque la rendición de cuentas permanece inalterable.
Autor: teleSUR: drb
Fuente: Agencias
